La ONU ante una posible flexibilización de los tratados contra las drogas.

penalizacion cannabis

Numerosas voces, entre ellas un gran número de países latinoamericanos, han abogado en una reunión de la ONU en Viena sobre políticas de drogas por una interpretación más flexible de los tratados internacionales para permitir nuevos enfoques basados en la prevención y la salud pública.

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Los debates en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que comenzaron el pasado lunes 9 y concluyeron el día 17, han preparado el camino para la sesión especial de la Asamblea General de la ONU dedicada a las drogas el año que viene.

Esa sesión extraordinaria en Nueva York, la primera sobre narcóticos desde 1998, pretende marcar las líneas maestras de la nueva estrategia internacional en materia de drogas, dado que el enfoque represivo utilizado en las últimas décadas no ha funcionado, según han denunciado numerosos delegados.

Sobre la mesa estará la demanda de sustituir las medidas punitivas, que han dominado la agenda internacional hasta hace poco, por otras políticas basadas en la evidencia científica, la salud pública, la realidad específica de cada territorio y el respeto a los derechos humanos.

Pero frente a las voces que piden cambios están las de otros Estados -como Pakistán, Egipto, China o Rusia- que quieren seguir aplicando una política de “mano dura” y no tolerarán cambios en las convenciones, según recordaron a Efe varios diplomáticos.

Así, uno de los conceptos más repetidos en la reunión es el de ser más flexible en la interpretación de las convenciones sobre drogas, para permitir que esos nuevos enfoques sean posibles sin necesidad de modificar la normativa internacional.

“El régimen internacional de drogas debe ser más flexible, de tal forma que posibilite un tratamiento diferenciado frente a las sustancias y a las conductas asociadas a ellas”, dijo en Viena Yesid Reyes, el ministro de Justicia de Colombia.

“El problema de las drogas no es el mismo en todo el mundo. Se trata de solucionar problemas que tienen personas reales, con necesidades reales y en contextos sociales reales”, explicó a Efe.

Guatemala y México, dos de los países latinoamericanos que más han sufrido la violencia relacionada con el narcotráfico, también demandaron flexibilidad.

Mientras, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Milton Romani, recordó que la pena de muerte que algunos aplican para delitos relacionados con las drogas es una interpretación de los tratados, que no la recogen.

“Si se es flexible para aplicar la pena de muerte, ¿cómo no se va a ser flexible para aplicar políticas más humanas?”, manifestó en declaraciones a Efe.

Por su parte, Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), considera que los actuales tratados son lo suficientemente abiertos como para que los nuevos enfoques puedan introducirse sin necesidad de cambiarlos.

Incluso Estados Unidos, donde se originó la llamada “guerra contra las drogas”, estima que hay espacio para interpretaciones.

“Nuestra posición es que hay cierto grado de flexibilidad en esas convenciones”, dijo el subsecretario de Estado para la lucha antidrogas, William Brownfield.

“En la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU se tendrá una oportunidad para proponer nuevas ideas, programas y políticas que encajen dentro de esas convenciones”, explicó en Viena a un reducido grupo de periodistas.

Una fuente diplomática que sigue de cerca las negociaciones sostiene que aceptar una interpretación más amplia de las convenciones, que permita los nuevos enfoques sin modificar los tratados, puede ser un “mínimo común denominador” para todos.

Para Martin Jelsma, un analista del Transnational Institute especializado en políticas de drogas, existe aún “mucha confusión” sobre la idea de una interpretación más abierta de los tratados, y no todos se refieren a lo mismo.

Así, las políticas de “descriminalización” y “reducción del daño” -estas últimas se aplican desde hace lustros en Europa Occidental e incluyen programas de intercambio de jeringuillas o dispensación de metadona- cuentan con “una fuerte base de legitimidad jurídica”.

Por el contrario, otras experiencias, como la legalización del cannabis con fines recreativos en Uruguay y EEUU, generan “tensión” con los tratados, que solo permiten usar esa sustancia para fines médicos o científicos.

Esa es la razón por la que buscan “ampliar el espacio de maniobra”, recuerda este destacado experto.

Sin embargo, según Jelsma, una regulación legal del mercado de cannabis no se puede legitimar con una “interpretación flexible” de las convenciones, como pretende Estados Unidos.

“El miedo de los países a hablar sobre modificaciones de los tratados radica también en el hecho de que solamente piensan en la forma de enmiendas o nuevo tratado, y ven que sería imposible llegar a cualquier consenso en el actual clima polarizado”, explica Jelsma.

Sin embargo, sostiene que pueden darse modificaciones que no requieren acuerdos entre todos, como reservas o acuerdos “inter se”, en los que algunos países pacten cambios que sólo les afectan a ellos mientras siguen con sus obligaciones con los demás.

 

Fuente: DiarioVasco

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