La Fiscalía de Tarragona archiva las diligencias contra el plan anticrisis de Rasquera.

RASQUERA

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La Fiscalía de Tarragona ha archivado las diligencias iniciadas por el fiscal delegado antidroga de esta provincia contra el plan anticrisis de Rasquera (Tarragona) de alquilar terrenos a una asociación cannábica para plantar cannabis para autoconsumo y enjugar así la deuda municipal.

Según han informado hoy a Efe fuentes cercanas al caso, la Fiscalía de Tarragona archivó estas diligencias el 20 de julio de 2013, pero no comunicó al consistorio que las cerraba, pese a sus reiteradas peticiones de información, hasta que en noviembre del 2014 el Ayuntamiento de Rasquera envió un escrito al Fiscal de Tarragona, Xavier Jou, por el “retraso injustificado” del fiscal antidroga, Ángel Villafranca Sánchez, en contestar a sus requerimientos.

El 11 de noviembre pasado, Jou contestó al consistorio que “el 20 de julio del 2013 las citadas diligencias fueron archivadas”, y añadía que el tiempo tardado, quince meses, era comprensible por la numerosa documentación que valorar, por lo que no había lugar a “reproche con trascendencia disciplinaria” para Villafranca, según la respuesta del fiscal, a la que ha tenido acceso Efe.

En su resolución de 20 de julio de 2013, a la que también ha accedido Efe, tras recordar el periplo judicial seguido desde la presentación del plan anticrisis, se incide en que el procedimiento es una “cuestión prejudicial”, por lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a “acordar la suspensión del procedimiento hasta la resolución del procedimiento que determina la prejudicialidad”.

Por ello, decreta el “archivo provisional” de esas diligencias hasta la resolución y firmeza del contencioso administrativo que lleva el juzgado número 1 de Tarragona.

El Ayuntamiento de Rasquera presentó el 20 de junio del 2013 un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la decisión del juzgado número 1 de Tarragona de revocar su plan anticrisis basado en la cesión de terrenos a una entidad cannábica para que plantara marihuana para el consumo de sus asociados, un recurso que el TSJC resolverá el próximo 15 de abril, han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona estimó totalmente el 31 de mayo del 2013 el recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno en Cataluña y revocó el plan anticrisis de Rasquera.

Tras más de un año de espera, la sentencia revocó los dos acuerdos del pleno del ayuntamiento de Rasquera, aprobados el 29 de febrero de 2012, centrados en la aprobación inicial de la Entidad Pública Empresarial de promoción económica y social de Rasquera, Rasquerana de Investigación e Interpretación de la variedad vegetal Cannabis Sativa L (RRICA) y sus estatutos reguladores, y del contrato privado entre el Ayuntamiento de Rasquera y la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA).

El 14 de junio de ese año, el alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa, abandonó el cargo por el cansancio acumulado por esta batalla legal y en cumplimiento de su promesa de que dimitiría si no obtenía el 75 % de los votos emitidos en el referéndum que convocó para aprobar el plan anticrisis de la localidad, por lo que fue sustituido por Dolors Subirats, aunque ésta anunció que presentaría recurso de apelación, como así hizo.

Según han señalado fuentes municipales a Efe, “lo sorprendente ahora es que Fiscalía informó públicamente de que abría diligencias, pero no de que las había cerrado, ni lo comunicó al Ayuntamiento, cuando estaba obligado a ello, y contestó con un año de tardanza a sus diversas solicitudes de información”.

Para el consistorio rasquerano, este archivo de las diligencias por parte de Fiscalía “implica que no había ningún indicio de infracción penal”, pese a que “la Fiscalía difundió la posible trascendencia penal de los acuerdos del Ayuntamiento, y la impugnación de los acuerdos municipales por parte del Abogado del Estado se basaba principalmente en que los hechos podrían ser delictivos”.

Por todo ello, y con las elecciones municipales del 24 de mayo por delante, el actual equipo de gobierno se planteará, en caso de ser elegido, “proseguir con el plan anticrisis”, además de no descartar “solicitar daños y perjuicios” por dejar de percibir 1,3 millones de euros de ABCDA en dos años.

Fuente: lavanguardia

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