La ambigüedad legal de los clubes cannábicos llega a juicio en Barcelona

CLUB CANNA

Barcelona, 19 feb (EFE).- La ambigüedad legal y administrativa  que permite la actividad de las asociaciones cannábicas ha llegado ante un tribunal, por primera vez en Barcelona, en el juicio contra tres miembros de la junta directiva del club Three Monkeys para quienes la Fiscalía pide cinco años de cárcel por tráfico de drogas.
En la sección 22 de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado hoy el juicio contra el presidente, el secretario y el tesorero de la asociación Three Monkeys España, un club de consumo compartido de cannabis situado en la calle Nou de la Rambla de Barcelona, ciudad en la que en los últimos años han proliferado ese tipo de asociaciones cuya actividad está regulada administrativamente.
Los tres miembros de la junta directiva de la asociación, que sigue en funcionamiento, fueron detenidos en el marco de una inspección administrativa que la Guardia Urbana llevó a cabo en el establecimiento, en noviembre de 2012, para comprobar si el local disponía de la correspondiente licencia de actividad.
Al entrar en el local, los agentes de la Guardia Urbana -que ahora ya dispone de un protocolo de inspección de clubes cannábicos del que en esa fecha carecía- encontraron a varias personas fumando porros, una pizarra en la que se exponía la lista de precios de cada tipo de marihuana en venta en el local y más de 1.000 euros en la caja registradora, por lo que detuvieron a los responsables del local acusados de un delito contra la salud pública.
La fiscal ha llevado hoy a juicio a los tres responsables del club, acusados de delitos contra la salud pública y también de asociación ilícita, convencida de que no existe “ninguna alegalidad encubierta” que ampare la existencia de ese tipo de clubes, al  tiempo  que ha criticado la permisividad del Ayuntamiento de Barcelona con esas actividades.
El juicio ha puesto sobre la mesa el debate sobre si la regulación de las asociaciones cannábicas está amparada por la ley y si la legislación actual contiene suficientes vacíos como para asegurar la impunidad de los clubes, que para funcionar invocan la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre “consumido compartido”.
“Estamos hablando de si esos clubes que la norma administrativa tolera deben ser o no reprimidos”, ha resumido el presidente del tribunal, Joan Francesc Uría, en una de las ocasiones en que ha impedido a la fiscal preguntar a los procesados por los motivos que les llevaron a crear el club.
En su declaración en el juicio, los procesados han expuesto las normas de funcionamiento con que, a su parecer, controlan que el cannabis que ellos mismos cultivan no salga de manos de sus socios y han defendido que no obtienen lucro alguno del club, sino que su único objetivo al crearlo era garantizarse el consumo de esa sustancia “fuera del  mercado  negro”.
“Garantizamos el consumo en el local, no ponemos en riesgo a nadie que no tenga que ver con esa sustancia, nos aseguramos que no esté adulterada y, sobre todo, ni compramos a traficantes ni financiamos  mafias”, ha defendido el presidente, Lorenzo C.
El Three Monkeys, que el año 2012 tenía más de 700 socios, dispone de licencia de actividades desde 2013 -cuando se inspeccionó todavía no la había formalizado-, paga impuestos y exige a sus socios una cuota anual de 20 euros, además del aval de otro miembro de la asociación, han explicado los procesados.
El club tiene fijado un límite máximo de cien gramos mensuales de cannabis -marihuana o hachís que ellos mismos elaboran- para sus socios, que están obligados a consumir en el interior del local la droga que adquieren en el mismo establecimiento, a un precio de entre tres y siete euros dependiendo de la calidad de la sustancia, añaden los procesados.
Las explicaciones de los responsables del club no han convencido a la fiscal, que ha criticado que la asociación no tenga “ningún tipo de control” sobre el destino de la droga que comercializan, por lo que están “poniendo en peligro la salud pública”.
“No hay ley que ampare la actividad de las asociaciones cannábicas, se intenta solo encubrir el cultivo y la venta de droga”, ha añadido la fiscal en sus informes finales, en los que ha advertido de que, a diferencia de la marihuana, “a nadie se le ocurriría permitir asociaciones para el consumo compartido de heroína”.
La defensa de los procesados, por su parte, se ha mostrado convencida de que “la legalidad, con sus vacíos, y complementada con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, abre la puerta a la impunidad” de las asociaciones cannábicas, una actividad que, ha vaticinado, muy pronto tendrá regulación expresa.

Fuente : Lavanguardia

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