Judicialitzar la salud no es una buena receta

 

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Una vez más, las personas usuarias de cannabis nos sentimos atacadas y menos preciadas  cuando la respuesta que se nos ofrece a años de lucha y reivindicaciones es convertir en una pugna competencial y de burocracia todos nuestros problemas. Las instituciones públicas son  las representantes de todo el pueblo y las personas usuarias de cannabis también formamos parte de esa sociedad. Basta , de excusas burocráticas y competenciales, queremos soluciones YA.

Las personas usuarias de cannabis vivimos con ilusión y esperanza aquel 15 de enero de 2015. No era una estación final pero sí que era una buena parada fruto de años de trabajo que empezaba a plantear que un cambio de paradigma era posible. En aquel momento, se aprobaban los criterios en materia de salud pública para orientar las asociaciones cannàbiques y las condiciones del ejercicio de su actividad para los ayuntamientos de Cataluña. Aquel día no quedaba todo resuelto pero como mínimo el Gobierno de Cataluña reconocía el papel de las asociaciones cannàbiques, acompañaba a los municipios en la gestión y relación con estas y apuntaba un cambio de rumbo en las políticas prohibicionistas dirigiendo la mirada hacia la salud pública. El Gobierno dio un paso valiendo y además, lo hizo de la mano de todos los agentes implicados.

La Abogacía del Estado presentó un recurso a la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra esta resolución puesto que consideraba que se vulneraba las competencias exclusivas del Estado en esta materia, como se indica en la Constitución. Aunque el TSJC, no ha entrado a analizar la posible invasión competencial encontramos absurdo que desde el Estado se rompa con la voluntad de atender la realidad social que representamos e insista al mantener prácticas prohibicionistas incriminatorias que ignoren que existe la libertad de consumo, y el interés para hacerlo de forma segura y responsable.

El TSJC considera que la disposición del Departamento no cumple los requisitos legales, alega que se una regulación muy innovadora en un marco jurídico autonómico inexistente, hasta ahora. Añade que la Generalitat “no ajustó la elaboración de la norma reglamentaria al procedimiento legalmente dispuesto”, en el cual indica que la aprobación de un reglamento tiene que hacerse por una orden del conceller correspondiente y por un acuerdo de Gobierno.

Y nos preguntamos insistentemente si será de justicia que los primeros pasos que el Gobierno catalán anda en favor de una posible regulación de nuestra actividad acabe en un nada por haber incumplido un procedimiento? Por burocracia? Judicializar la salud de las personas es una mala receta. La alternativa que presentan las asociaciones cannàbiques para regular el cannabis de forma integral es una nueva vía, abierta desde la inteligencia colectiva, que no pretende banalizar el consumo, sino conseguir un punto de interacción con las personas usuarias que permita conocer sus consumos y aportar la información necesaria por empoderar personas responsables de sus decisiones.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no evalúa los criterios que la resolución del Gobierno enumera y es por eso que alentamos en el Gobierno de Cataluña a seguir con su paso firme. Que ningún tribunal impida dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Pedimos que ratifique el camino iniciado dando la salida que el Tribunal apunta por los criterios de salud. Tenemos que continuar andando en el camino de la regulación en nuestro País. Estamos hablando de salud y libertades, estamos hablando de futuro y responsabilidad.

No podemos quedar suspendidos porque ya existimos y nuestra realidad continuará avanzando.

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