Hacia una nueva política de drogas: acabar con la enfermedad, no con el paciente

legislar el cannabis para reducir riesgos

legislar el cannabis para reducir riesgos

Fuente: AnimalPolítico

El prohibicionismo y la implementación de medidas punitivas no han logrado su cometido de reducir el consumo de drogas. Por el contrario, las políticas de tolerancia cero han fomentado alrededor del mundo estigmatización, represión y criminalización de personas usuarias, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad.

Por: Olga Guzmán Vergara (@OlGuz)

Mucho se ha hablado sobre el fracaso de la guerra contra las drogas en México. Los altos índices de violencia, la saturación de las cárceles, el incremento de grupos criminales y la descomposición de sociedades afectadas por el crimen y por violaciones a derechos humanos han puesto de manifiesto los efectos nocivos y fútiles de la política mundial antidrogas.

Y es que, como diversas investigaciones han mostrado consistentemente, el prohibicionismo y la implementación de medidas punitivas no han logrado su cometido de reducir el consumo de drogas. Por el contrario, las políticas de tolerancia cero han fomentado alrededor del mundo estigmatización, represión y criminalización de personas usuarias, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad, como jóvenes, mujeres o poblaciones callejeras.

Los debates en relación a los daños ocasionados por las políticas de control y fiscalización de drogas se intensifican cada vez más en distintos espacios de concertación y cooperación política internacional. En el seno de Naciones Unidas, por ejemplo, la comunidad internacional ha sido cada vez más crítica y activa en la promoción de un debate amplio y abierto en relación a este tema. Es por ello que en abril de 2016 se llevará a cabo la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (UNGASS 2016) para discutir el problema mundial de drogas, el cual tendrá como objetivo evaluar los logros y desafíos de la actual política.

Los países de nuestra región han jugado un rol muy relevante en estas discusiones. Colombia, Guatemala y México, por ejemplo, han sido los principales países que han impulsado la UNGASS y que han promovido y apoyado importantes resoluciones para abordar un nuevo enfoque sobre el problema mundial de drogas.

Colombia, por ejemplo, se ha pronunciado por la restricción del derecho penal como último recurso para enfrentar la problemática de drogas y por privilegiar la perspectiva de salud pública para el consumo de drogas. Argentina y Guatemala promueven abordar de manera diferenciada los distintos eslabones de la cadena del narcotráfico y abogan por medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con drogas.

Por su parte, México se ha posicionado por un enfoque de prevención a través del desarrollo de políticas sociales que impulsen el bienestar de las personas y que permita atender las causas estructurales del crimen y la violencia. Tal como lo expresara el secretario de Gobernación, Miguel A. Osorio Chong, en representación del Estado mexicano en una reunión de Alto Nivel en la ciudad de Nueva York el pasado 7 de mayo: “Para México, la solución de fondo para el problema de las drogas está en la prevención.”

 

No obstante, a pesar de que el Estado mexicano ha reconocido los daños sociales de la política antidrogas vigente en el país, desafortunadamente, a diferencia de los otros países en la región, su posicionamiento ha carecido de propuestas sólidas y contundentes que hagan frente a los daños ocasionados por la guerra contra las drogas.

 

Es por ello que, dado el liderazgo que ha tenido el país en este concierto internacional, resulta cada vez más apremiante que su postura refleje el emprendimiento de medidas nacionales que superen el enfoque punitivo y draconiano vigente, y que por el contrario, impulsen alternativas que pongan en el centro al individuo y que se basen en el respeto de los derechos humanos.

Podemos ya contar con experiencias de países que han decidido superar los enfoques basados únicamente en la represión, como por ejemplo Portugal, que despenalizó la posesión personal de todas las drogas en 2001; los Países Bajos, que despenaliza la posesión personal y el uso del cannabis y tolera la existencia de puntos de venta de cannabis, o Suiza, que pasó de un enfoque punitivo a uno de reducción de riesgos en la década de los 80.

En la región también contamos con valiosas experiencias que están rompiendo con el paradigma prohibicionista. Uruguay, como el mejor ejemplo, se convirtió en el primer país en legalizar y regular la producción, el mercado y el consumo de cannabis. La política de drogas uruguaya ha priorizado el respeto a los derechos humanos y se basa en un modelo de reducción de daños y riesgos. Por su parte, el gobierno de Ecuador, atendiendo los efectos perversos del prohibicionismo en el sistema penal, indultó a más de 2,000 personas acusadas de trafico de drogas en 2008, acción que fue seguida por una reforma al código penal que prohíbe la criminalización de personas usuarias de drogas, redefine los tipos penales y monto de las penas, y distingue a los partícipes de la producción o comercialización del tráfico de drogas, de los líderes del narcotráfico.

Las acciones emprendidas por estos países sin duda representan decididos esfuerzos que contrarrestan los efectos perversos de la política internacional de control y fiscalización de drogas, y que parten del reconocimiento de los grandes costos que ha tenido esta política en la dignidad y bienestar de las personas.

Es por ello que, en un refrendo del compromiso multilateral adquirido por México en este debate internacional, es urgente que el país emprenda acciones que atiendan y reparen las más de 70 mil ejecuciones arbitrarias relacionadas al combate al narcotráfico, las 25 mil personas desaparecidas, las más de 8,000 personas detenidas arbitrariamente bajo la figura del arraigo y las más de 280 mil personas internamente desplazadas a raíz de la violencia relacionada a la guerra contra las drogas.

Además, la evidencia es contundente, las prisiones están sobrepobladas por personas acusadas de delitos relacionados al consumo de drogas. La mayoría de estas personas enfrentan condiciones de pobreza extrema y padecen de consumo problemático de sustancias, el cual en prisión no es atendido por las instituciones de salud pública. Las penas son generalmente desproporcionales al delito y los altos niveles de encarcelamiento generan impactos negativos en las familias y en las sociedades. Además, los sistemas de justicia penal se encuentran saturados por delitos de drogas de menor impacto y las policías despliegan costosas operaciones en la persecución de estos delitos, desatendiendo la persecución del narcotráfico a gran escala.

Es por ello que es hora ya de erradicar el populismo punitivo y –moralino– que criminaliza y estigmatiza el consumo de ciertas sustancias, el cual, además de negar las experiencias positivas de su uso recreativo, ha desencadenado el peor de nuestros males: la violencia.

 

 

* Olga Guzmán es Directora de Incidencia Nacional e Internacional de la @CMDPDH

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