España endurece las leyes sobre el cannabis en plena corriente mundial por la despenalización

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¿Fumas porros? ¿Conoces a alguien que los fume? Las cifras indican que hay bastantes probabilidades de que hayas respondido afirmativamente a alguna de estas dos preguntas. En el mundo, existen entre 125 y 227 millones de consumidores de cannabis y derivados (según el último informe sobre drogas de la ONU); Europa es uno de sus mayores mercados y España es el tercer país en número de consumidores del continente, el primero en consumidores diarios.

Cerca del 30% de los españoles aseguran haber probado el cannabis “alguna vez en la vida”. La edad media a la que se inician son los 18 años (aunque otros informes la sitúan a los 15 años).

La lucha institucional contra el tráfico y consumo de cannabis siempre ha estado ligada a la prohibición y las multas. Pero la tendencia está cambiando. Los últimos en sumarse publicamente a las peticiones de legalización han sido Arianna Huffington y The New York Times pero, ya en 2011, un informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas pedía a los gobiernos que experimentaran “con modelos de regulación legal de las drogas (en especial el cannabis) para salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos”. Uruguay se convirtió en 2013 en el primer país del mundo en legalizar el cannabis por completo.

EN ESPAÑA SE ENDURECEN LAS LEYES

Mientras, en España, el Gobierno ha elevado las sanciones relacionadas con la tenencia y el consumo de cannabis con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y ya no permite sustituirlas por programas de rehabilitación.

La futura ley contempla:

  • Sanción por consumo o tenencia de cannabis en lugares públicos. La multa mínima pasa de 300 a 601 euros y puede ser de hasta 30.000 euros ya que se trata de una infracción grave.
  • Sanciona el cultivo en sitios visibles al público.
  • Recoge sanciones a los locales que permitan fumar porros.
  • Solo permitirá cambiar multas por tratamiento de rehabilitación si los sancionados son menores.

La exdirectora general del Plan Nacional sobre Drogas Araceli Manjón-Cabeza señalaba en una entrevista al diario El País que “el Gobierno va contracorriente” con esta ley y que “eliminar la posibilidad de acogerse a programas de desintoxicación nos equipara con países como Rusia, donde solo se concibe el consumidor como un delincuente”.

¿Y los partidos políticos cómo abordan el debate? El PP, directamente, no lo aborda. La oficina de prensa del Partido Popular ha declarado a El Huffington Post que la formación no hace declaraciones sobre el cannabis, ya que no figura en su programa ni contemplan nada al respecto.

IU: “HAY QUE RECONOCER UNA REALIDAD SOCIALMENTE ACEPTADA”

Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida y presidente de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, es partidario de la legalización de consumo y tráfico. “Hay una diferencia cualitativa entre los efectos de esta y otras sustancias. El alcohol está considerado una droga dura pero su uso está normalizado. El tabaco reduce la esperanza de vida en una década y está asociado a enfermedades crónicas. Produce una adicción más física que psíquica, a diferencia del cannabis”, sostiene, en declaraciones a El Huffington Post.

El diputado de IU, también médico, reconoce que el cannabis no es inocuo pero destaca que “hacemos muchos consumos que no lo son. Educar es más fácil que prohibir. Es preferible tener gente informada y responsable y fomentar un uso racional que la represión”. Cree además que el uso social “normalizado” no explica la prohibición creciente en las leyes y la situación “paralegal” de los consumidores.

Llamazares hace un llamamiento a “desbloquear la situación y reconocer una realidad socialmente aceptada”. Asegura que “la represión no ha reducido el consumo (el efecto es el contrario, por la atracción de lo prohibido)” y señala que se mezcla “este mercado con el de otras drogas más grave”.

PSOE: SATISFECHOS CON LA ANTIGUA LEY

El PSOE se muestra más cauteloso porque “cada vez más estudios hablan sobre brotes psicóticos por el consumo de cannabinoides” y no saben qué efectos tendría la legalización en el consumo, según explica a El Huffington Post María del Puerto Gallego, portavoz socialista en la comisión que preside Llamazares.

“La anterior Ley de Seguridad Ciudadana ya era permisiva y no penalizaba el consumo”, considera Gallego. La socialista admite que, a pesar de esa laxitud, existe mucha confusión sobre el tema entre la ciudadanía. “Falta mucho por regular, sobre todo en relación a los cultivos. No hay que dejar cabos sueltos: que sean verdaderamente para autoconsumo, en qué cantidad, cómo, dónde… Todo eso falta”, reconoce.

La portavoz del PSOE asegura que el partido apuesta “por la permisividad en el consumo” pero prefiere centrarse en la prevención y en potenciar el Plan Nacional Sobre Drogas, “uno de los mejores del mundo”, aunque cree que ha sido más efectivo en la rehabilitación que en la prevención y la reducción del consumo.

“La prevención ha fracasado en el pasado porque no ha existido un debate social. La percepción de riesgo entre la población es muy baja. No se ha dado el mensaje adecuado a la sociedad”, reconoce, señalando que “quizá ha sido difícil de comunicar” y que “todavía no se está abordando de manera adecuada”. “Que la gente haga lo que quiera, pero debemos informar y que haya un debate, amplio y no cortoplacista. Deben estudiarse los efectos que tendría la legalización en la salud pública, en la economía”, sostiene.

UPyD: “EL CONSUMO ES RESPONSABILIDAD PERSONAL”

UPyD presentaba en julio una Proposición No de Ley (PNL) para pedir la despenalización de la producción, comercio y consumo del cannabis, ya que considera que es responsabilidad personal de cada ciudadano, “libre de tutelas paternalistas y autoritarias de las administraciones”. “No nos van a hacer caso, pero queremos abrir el debate, es una asignatura pendiente”, explica a El Huffington Post el diputado Carlos Martínez Gorriarán.

El partido liderado por Rosa Díez reconocía que el cannabis puede causar daños neurológicos, pero sostiene que, en general, “no resulta más perjudicial que el alcohol y el tabaco”.

UPyD destacaba en su PNL la inseguridad jurídica derivada de la ambigüedad e imprecisión de los conceptos “autoconsumo” y “tráfico” y cree que el marco legal vigente ignora la realidad social. Gorriarán añade que la legalización permitiría concentrar esfuerzos en “drogas más graves” y acabar con el narcotráfico asociado al cannabis. “Soy bastante escéptico sobre la prohibición. Las campañas de erradicación son bastante ineficaces y los debates sobre otras drogas se acabarán abriendo. Algún día, quizá, alguien se pregunte por qué no puede tomar cocaína”, plantea.

LOS CONSUMIDORES: “REGULAR LO QUE YA EXISTE Y FUNCIONA”

Paralelamente, proliferan los clubes y asociaciones cannábicas que defienden las bondades del producto, sobre todo a nivel terapéutico. “En función de cómo se consuma, el cannabis puede ser nocivo para la salud, pero no por la sustancia en sí, sino por el hecho de fumar. Un consumo responsable y apropiado no es en ningún caso nocivo para la salud”, sostiene Carolina Pérez, miembro de la Federación Madrileña de Asociación Cannábicas (Madfac).

Según esta asociación, existen más de 700 clubes en España, que engloban a unas 200.000 personas. Sólo permiten la entrada a mayores de edad que ya sean consumidores y que vayan recomendados por un socio. Estos establecimientos en los que se puede comprar ‘maría’ han florecido sobre todo en Cataluña y País Vasco, que han intentado regular su situación. Sin embargo, esta semana el Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el cese de la actividad de 49 clubes cannábicos de la ciudad al alegar deficiencias en su funcionamiento.

La nueva ley de Seguridad Ciudadana ha puesto a estos locales en pie de guerra. “Nos parece totalmente fuera de contexto y con un espíritu meramente recaudatorio. No existía ninguna necesidad social de tomar esas medidas, no atiende a la realidad social en la que el consumo de cannabis no crea ningún tipo de alarma y esta normalizado”, sostiene Bernardo Soriano, asesor jurídico de MadFac.

Soriano cree que la ley “desoye totalmente la tendencia internacional y criminaliza cada vez más al usuario”, imponiendo sanciones “moralmente deleznables” que, en la coyuntura económica actual, “pueden arruinar la vida a muchísimos usuarios”. El jurista destaca, en comparación, los efectos beneficiosos que conllevaría la legalización: “Todo lo que entra en un ámbito de regulación se puede controlar, evaluar, informar y educar sobre ello, fiscalizar…”.

Pérez admite que el cannabis puede ser adictivo, pero destaca que cada persona tiene derecho a decidir sobre su consumo, “al igual que decidimos cuando nos tomamos una cerveza o nos fumamos un cigarrillo” y que la mejor forma de evitar abusos es una regulación. “Todo lo que queda en un ámbito oscuro carece de control; sólo desde la información, la educación y la prevención de riesgos, podremos evitar en la mayor medida que este tipo de consumo abusivos se produzcan”, considera.

“Existe toda una industria alrededor de esta planta: más de 1.000 tiendas donde se puede encontrar todo lo necesario para cultivar, más de una decena de distribuidores, casi medio centenar de Bancos de Semillas, decenas de medios especializados, cinco ferias al año… No se trata de inventar algo, sino de regular lo que ya existe y funciona”, sostiene Soriano.

Fuente: http://www.huffingtonpost.es/

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