¿División de Poderes? La Plataforma Regulación Responsable denuncia el electoralismo y el partidismo político del Supremo.

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La Plataforma Regulación Responsable denuncia el electoralismo y el partidismo político del Supremo

EL TS REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VIZCAYA, QUE ABSOLVIÓ A UNA ASOCIACION DE USUARIAS Y USUARIOS DE CANNABIS EN BILBAO, CRIMINALIZANDO A CIENTOS DE ENTIDADES QUE EXISTEN EN EL ESTADO ESPAÑOL

La sentencia que hoy ha anunciado el Tribunal Supremo demuestra, una vez más, la falta de objetividad y la conexión perversa que desgraciadamente mantienen el poder judicial y el ejecutivo. La plataforma Regulación Responsable denuncia que este posicionamiento es claramente represivo y vinculado a la posición del gobierno del PP, quien durante todo su mandato ha insistido en intentar criminalizar este movimiento social. Los usuarios y usuarias de cannabis llevan años reclamando un cambio en la legislación para que ésta no reprima a las personas que usan cannabis para uso personal ni a los clubes sociales de cannabis, los cuales se han creado precisamente al amparo del derecho constitucional de asociación, convirtiéndose en una alternativa al mercado negro e ilegal.

El Tribunal Supremo ha reafirmado hoy con esta sentencia su línea conservadora haciendo una interpretación de la ley totalmente desajustada a la realidad social, al debate jurídico y a la realidad de cientos de asociaciones de usuarios y usuarias que llevan años desarrollando estas actividades y autorregulándose en un contexto de normalidad social.

Es inaudito que en un Estado Social de Derecho y democrático el planteamiento frente a este problema lo enfoque criminalizando a la sociedad civil protagonista justamente de la solución. Las políticas prohibicionistas han quedado superadas, se ha demostrado sobradamente su ineficacia y el paso internacional, camina en otra dirección.

Desde la plataforma Regulación Responsable apostamos por un cambio legislativo que priorice la salud, el derecho de las personas usuarias, la educación y el empoderamiento de la ciudadanía. Instamos a todas las fuerzas políticas a que, en la próxima legislatura, no rehúyan la realidad y adapten las políticas públicas a las necesidades de las personas, que reformen el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana por anticonstitucionales y por vulnerar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Esta decisión no hará si no devolver a cientos de usuarios y usuarias al mercado negro y a la inseguridad. ¡Basta de hipocresía! Es el momento de apostar por una regulación integral del cannabis para empezar el giro imprescindible en la construcción de políticas públicas donde el desarrollo humano sea el eje fundamental.

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